El COIAL apoya firmemente la ILP que sitúa la vida humana en el centro de la Ley de Aguas

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) queremos expresar nuestro apoyo firme y decidido a la Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la Ley de Aguas. Esta propuesta, impulsada por numerosas entidades colegiales y sociales, persigue un objetivo tan elemental como necesario: que la vida humana y su protección se incorporen como prioridad legal expresa en la planificación y ejecución de infraestructuras hidráulicas.

El COIAL se une así a los colegios profesionales y otras entidades que han manifestado públicamente su respaldo, como los de abogados y procuradores madrileños, el consejo de arquitectos, las asociaciones de ingenieros, UPCI y AICAPE, AGERS (seguros), Sociedad Civil Valenciana y Fundación Foros de la Concordia, entre otros. De forma muy activa se ha implicado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su decano en la Comunidad Valenciana, Javier Machi, explica que esta ILP “nace del sentido común y de la constatación, tras episodios como la DANA, de que las personas no están suficientemente protegidas por el marco legal actual”.

Tres cambios esenciales

La iniciativa propone tres reformas clave en el texto refundido de la Ley de Aguas: priorizar la protección de la vida humana junto al respeto al medioambiente, garantizar financiación suficiente para ejecutar las obras hidráulicas declaradas necesarias y asegurar que la planificación y gestión estén en manos de personas capacitadas y con conocimiento técnico.

Como resume Machi, “cuando se hacen los estudios de impacto ambiental para un proyecto hidráulico, se protege la flora, la fauna, el ecosistema… pero no se menciona a la especie humana. Y eso tiene consecuencias: cuando no se invierte en obras necesarias y luego ocurre una tragedia, nadie es jurídicamente responsable”.

Un respaldo social creciente

La ILP fue promovida inicialmente por un abogado madrileño, Jesús Luis, y rápidamente fue ganando adhesiones. Según Machi, “nosotros lo conocimos a través del Colegio de la Abogacía de Madrid, y desde entonces ha ido sumando apoyos en toda España. Esta semana me llamó el decano del Colegio de Abogados de la Comunidad Valenciana, José Soriano, para decirme que ya se habían adherido oficialmente”.

La propuesta también pretende que las obras declaradas prioritarias por organismos como las confederaciones hidrográficas no puedan quedar en papel mojado por falta de fondos o decisiones políticas. “Si una actuación lleva décadas estudiándose, está declarada urgente y necesaria, y aun así no se ejecuta porque ese año no hay presupuesto, algo falla. Esta ley quiere poner orden y dar herramientas para exigir responsabilidades”, defiende el decano de Caminos.

Carácter transversal y abierto a la sociedad

Uno de los aspectos más destacables de esta ILP es su carácter transversal y abierto a la sociedad. “No es una iniciativa del Colegio de Caminos ni de ningún colectivo concreto. Es una causa de todos”, subraya Machi. Por eso están organizando actos en lugares neutros como puertos, universidades o edificios municipales. “Queremos que vengan damnificados, estudiantes, técnicos, políticos… que se vea que esto no va de siglas, sino de proteger a las personas”.

La web oficial de la iniciativa incluye una herramienta de firma electrónica con certificado digital, y también se están organizando puntos físicos de recogida. Pero Machi reconoce que el ritmo “es lento. Vamos todos un poco de cráneo, pero no pensamos parar. Hay tiempo hasta febrero y vamos a recorrer varias comunidades autónomas para impulsar el proceso”.

Un punto de inflexión tras la DANA

El detonante de esta ILP fue la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y a otras regiones españolas en los últimos años. “Se ha visto que cuando no se han hecho determinadas obras, aunque estuvieran previstas, no hay manera de reclamar. Porque la ley no dice claramente que proteger a las personas es lo primero”, denuncia Javier Machi.

Por eso, esta propuesta quiere dejarlo por escrito: que no sea una cuestión de voluntad política o de sensibilidad ambiental, sino de obligación legal. “No puede ser que una piscina cubierta o una rotonda tengan más prioridad que reforzar una rambla que puede inundar un municipio. Y eso solo se consigue con una ley clara”, argumenta.

¡Participa!

Desde el COIAL hacemos un llamamiento a nuestros colegiados y a la ciudadanía a firmar la ILP a través de certificado electrónico. Este es el enlace donde puedes hacerlo. Y esta la web donde viene toda la información sobre la ILP.