Foro en Alicante sobre el papel de los Colegios Profesionales

• Representantes de diversos Colegios Profesionales pusieron en valor su papel clave en el desarrollo socioeconómico de la provincia y reclamaron una mayor interlocución con la Administración. También destacaron la utilidad del sistema de colegiación como garantía de calidad, formación y lucha contra el intrusismo.

El pasado jueves se celebró el foro “De la Profesión al Compromiso. El papel económico y social de los Colegios Profesionales en la provincia de Alicante”, en el salón de actos del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. El evento fue posible gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante y Banco Sabadell, y surge del trabajo conjunto de las entidades alicantinas UPA (Unión Profesional de Alicante) y UEPAL (Unión Empresarial de la Provincia de Alicante).

Durante la jornada se puso en valor el papel esencial que desempeñan los Colegios Profesionales en el desarrollo socioeconómico de la provincia, actuando como garantes de servicios fundamentales, tanto desde el ámbito profesional como en su contribución a la articulación de servicios públicos en colaboración con las administraciones.

La mesa redonda fue inaugurada por Francisco Martín Irles, secretario de UPA, y contó con la participación de destacados representantes del ámbito colegial: Emilio Vicedo, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante; Catalina Alcázar, tesorera del Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante; Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante; Herman Schwarz, presidente de UPA y del Colegio de Médicos de Alicante; María Teresa López, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Alicante; y Fernando Canós, director general adjunto de la territorial de Banco Sabadell.

Los ponentes subrayaron la utilidad pública del sistema de colegiación en España, destacando sus beneficios para los profesionales, como la formación continua, el asesoramiento, la protección, la garantía en la prestación de servicios, la lucha contra el intrusismo y la fijación de criterios deontológicos comunes. Además, reclamaron una mayor interlocución con las Administraciones Públicas y una respuesta más ágil a las necesidades específicas de cada sector profesional.