La ganadería porcina española, ante un nuevo reto normativo
Nuestro partner Oxifuch nos ha hecho llegar un análisis sobre los importantes desafíos a los que se enfrenta la ganadería porcina en España con la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023, que introduce nuevas exigencias en materia de bienestar animal.
Entre los principales cambios, destaca el incremento del espacio mínimo exigido por animal, lo que obligará a muchas explotaciones a modificar sus instalaciones. Las organizaciones agrarias como COAG y ASAJA alertan de que esta adaptación puede suponer una inversión superior a los 300.000 euros por explotación, una carga difícil de asumir para muchas granjas.
Un momento delicado
Esta exigencia llega en un momento especialmente delicado, marcado por la caída de las exportaciones a China, el principal mercado para la carne porcina española. Desde 2020, los ingresos del sector han caído de 3.135 millones a 1.223 millones de euros, según datos del propio sector.
Además del impacto económico directo por las obras de adecuación, muchas granjas se verán obligadas a reducir su capacidad hasta en un 10%, lo que puede traducirse en pérdidas anuales de alrededor de 9.000 euros por explotación. La reducción del censo provocada por esta limitación podría suponer la pérdida de entre cuatro y ocho millones de cerdos cebados al año.
Por todo ello, las organizaciones agrarias han solicitado una prórroga mínima de tres años, hasta 2028, para facilitar una transición viable. En juego está la supervivencia de hasta 3.200 granjas en toda España, muchas de ellas ubicadas en entornos rurales, donde su actividad es clave tanto en lo económico como en lo social.
Debate profundo sobre el modelo de ganadería que queremos
Y nuestro colegiado Salva Calvet, catedrático de producción animal en la Universitat Politècnica de València , analiza las implicaciones de esta nueva normativa y pone el foco en la necesidad de un debate profundo sobre el modelo de ganadería que queremos como sociedad.
Para Calvet, el Real Decreto 159/2023 introduce cambios que efectivamente tienen impacto económico para las explotaciones, especialmente las de menor tamaño o gestión menos empresarial, como muchas de las que operan en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, insiste en que la mejora del bienestar animal es incuestionable desde el punto de vista técnico: “Dar más superficie por cerdo es objetivamente necesario”.
El texto legal no solo afecta al espacio por animal. También contempla otros requisitos, como el control de concentraciones de gases en las instalaciones. Calvet recuerda que aún se están discutiendo algunas de estas medidas: hace apenas unos meses, se abrió a consulta pública una propuesta de modificación del Real Decreto original, lo que demuestra que la normativa todavía está en evolución.
Aunque una menor densidad de animales reduce el número de cabezas por explotación, también puede tener efectos positivos desde el punto de vista productivo, ya que los cerdos criados en mejores condiciones pueden crecer más sanos y con mayor eficiencia.
Las granjas familiares, en riesgo de desaparecer
Calvet subraya que las grandes integradoras tienen más capacidad para adaptarse a los cambios normativos, mientras que las granjas más pequeñas y familiares, especialmente aquellas que operan en zonas rurales, son las que más riesgo corren de desaparecer. En este sentido, considera urgente abrir un debate sobre el modelo de ganadería que queremos preservar, y qué papel deben jugar las pequeñas explotaciones en el equilibrio territorial.
Finalmente, el colegiado advierte que este tipo de reformas no pueden implementarse sin una mayor claridad normativa y una mejor comunicación a la sociedad. “Es necesario explicar por qué cada centímetro cuadrado de más que damos a un cerdo tiene un fundamento técnico en bienestar animal”, señala. Y añade una reflexión incómoda pero necesaria: “Queremos animales que vivan mejor, pero no estamos dispuestos a pagar unos céntimos más por kilo de carne. Y aceptamos sin problema carne importada que no cumple nuestros estándares”.