La ingeniería y la arquitectura españolas, en contra de los planes del Gobierno para unificar los grupos A1 y A2
Más de 275.000 ingenieros y arquitectos han reclamado la paralización de la proposición de ley que plantea eliminar los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y sustituirlos por un grupo A único. Los Consejos y Colegios de Ingeniería, junto a las asociaciones profesionales de los Cuerpos Superiores del Estado, alertan de que esta medida pone en riesgo la calidad, la seguridad y la eficacia de los servicios públicos.
Desde el ámbito de la ingeniería, y en línea con la posición del Consejo de la Ingeniería de España (CIE) —del que forma parte el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos— se insiste en que no se trata de una reivindicación corporativa. “La clasificación A1 y A2 no es una cuestión corporativa ni retributiva: es una herramienta de organización del Estado para asignar responsabilidades técnicas de distinto nivel”, subraya el presidente del Consejo de la Ingeniería de España, César Franco, quien advierte de que diluir esta estructura “supone debilitar la calidad y la seguridad del servicio público”.
Mérito, capacidad y estructura del Estado
Los representantes de la ingeniería española consideran que la propuesta introduce una homogeneización artificial que ignora diferencias objetivas de formación, responsabilidad y exigencia de acceso entre los distintos cuerpos técnicos. A su juicio, equiparar cuerpos con procesos selectivos y requisitos distintos rompe el equilibrio sobre el que se construye la función pública. “No se trata solo de títulos, sino de responsabilidades y de cómo se accede a ellas. Equiparar cuerpos con exigencias formativas y procesos selectivos distintos rompe el principio de mérito y capacidad”, señala Franco.
El comunicado recuerda que la actual ordenación de los cuerpos de ingeniería en la Administración no es fruto del azar, sino de un modelo consolidado por la normativa española y alineado con los estándares europeos. Además, advierte de que la proposición de ley carece de un desarrollo normativo suficiente que aclare su impacto real en la definición de funciones, los requisitos de los puestos, la carrera profesional o la promoción interna. “Sin un encaje jurídico sólido, el riesgo es aumentar la litigiosidad y dificultar la gestión de los recursos humanos técnicos”, apuntan desde la ingeniería.
Formación, responsabilidad y servicio público
En el ámbito de la ingeniería, la diferenciación entre los cuerpos A1 y A2 se apoya en realidades formativas y funcionales contrastadas. Los Cuerpos Superiores de Ingenieros (A1) están vinculados a titulaciones habilitantes de nivel máster, con una formación universitaria acumulada de cinco o seis años (grado + máster), mientras que los cuerpos A2 se asocian, con carácter general, a titulaciones de grado. Esta diferencia se proyecta directamente sobre la amplitud competencial, la capacidad de dirección y supervisión y el nivel de responsabilidad técnica y jurídica.
Desde la ingeniería se insiste en que esta diferenciación no es histórica ni arbitraria, sino funcional y necesaria para garantizar una asignación proporcionada de funciones dentro de la Administración. “Equiparar artificialmente niveles que responden a exigencias distintas desvirtúa el sistema de clasificación profesional y envía un mensaje equivocado a los estudiantes, a los profesionales y a la ciudadanía sobre el valor de la preparación técnica”, advierte César Franco.
El riesgo del grupo A único
Durante el debate parlamentario se ha planteado la posibilidad de crear un grupo A único con un “plus” para reconocer titulaciones universitarias de mayor duración. Sin embargo, desde la ingeniería se considera que este enfoque es insuficiente y conceptualmente erróneo, ya que desplaza el foco desde la responsabilidad profesional hacia una mera compensación interna. “Reducir la formación superior a un complemento retributivo vacía de contenido la singularidad de las profesiones reguladas que exigen itinerarios habilitantes completos”, sostienen fuentes del CIE.
La crítica se extiende también al encaje europeo de la propuesta. Las titulaciones habilitantes de ingeniería se sitúan en los niveles más altos de cualificación, tanto en el Marco Español como en el Marco Europeo (EQF nivel 7). Eliminar la diferenciación entre cuerpos asociados a niveles EQF 6 y 7 supone, según la ingeniería española, un alejamiento del modelo europeo y dificulta la comparabilidad internacional, con impacto negativo en la movilidad y el reconocimiento profesional.
Llamamiento al diálogo técnico
Las organizaciones de ingeniería firmantes condicionan cualquier reforma del EBEP a que refuerce la profesionalización, la eficacia y la atracción de talento, sin eliminar una diferenciación que responde a criterios objetivos de formación y responsabilidad. Reclaman evitar automatismos y equiparaciones indiscriminadas y preservar el valor de la formación universitaria superior y de los procesos selectivos exigentes.
El Consejo de la Ingeniería de España y las asociaciones profesionales de los cuerpos superiores se han puesto a disposición de los grupos parlamentarios y del Gobierno para aportar propuestas técnicas que permitan una reforma rigurosa, constitucionalmente sólida y alineada con el interés general. Desde el COIAL, como parte activa de este colectivo, compartimos una idea central: defender la estructura A1/A2 es defender la calidad, la seguridad y la excelencia técnica de la Administración pública.